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noviembre 2026
EL VETO QUE FRUSTRÓ LA TENTATIVA DE WASHINGTON Y RABAT DE LEGITIMAR LA OCUPACIÓN DEL SÁHARA OCCIDENTAL: EL DERECHO DEL PUEBLO SAHARAUI A LA AUTODETERMINACIÓN ES SAGRADO Y NINGUNA POTENCIA PUEDE ARREBATÁRSELO
Por Hafdala Chadad Brahim – noviembre 02, 2026
La crisis que acaba de vivir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en torno al Sáhara Occidental ha dejado al descubierto una profunda contradicción de la diplomacia internacional: mientras determinadas potencias pretenden orientar el proceso político hacia la aceptación de la propuesta marroquí de autonomía bajo soberanía de Marruecos, el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación continúa siendo un principio que no puede ser sustituido por decisiones impuestas desde el exterior.
El 30 de octubre de 2026, el Consejo de Seguridad fracasó en sus intentos de renovar el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). El proyecto impulsado por Estados Unidos fue vetado por la Federación de Rusia, mientras que la alternativa presentada por Moscú para mantener la misión sin modificar sustancialmente su mandato tampoco consiguió prosperar.
El hecho determinante de aquella jornada fue el veto ruso, que impidió que el Consejo de Seguridad se convirtiera en el instrumento para legitimar políticamente una ocupación militar y convertir la propuesta de la potencia ocupante en el destino obligatorio del pueblo saharaui.
Más allá de las maniobras diplomáticas y de las interpretaciones interesadas sobre el resultado de las votaciones, el veto evitó que Naciones Unidas aprobara un texto que habría supuesto un grave retroceso para los principios que sustentan el orden jurídico internacional. No se trataba simplemente de modificar el mandato de una misión, sino de alterar el sentido de un proceso de descolonización y de condicionar el ejercicio de un derecho fundamental a la aceptación de una solución diseñada por una de las partes.
El veto ruso no resolvió el conflicto, pero impidió que el Consejo de Seguridad avalara una fórmula que habría puesto en cuestión la credibilidad de Naciones Unidas y sentado un precedente extremadamente peligroso para el derecho internacional.
Washington y Rabat: una propuesta que pretendía predeterminar el resultado
El proyecto estadounidense pretendía renovar la presencia de Naciones Unidas, pero introducía cambios sustanciales en la naturaleza y orientación de la misión. Entre ellos figuraban la eliminación de la letra (R) referencia al referéndum de su denominación y el establecimiento de la propuesta marroquí de autonomía como única base para continuar las negociaciones.
Aunque el texto sufrió modificaciones durante las consultas, mantuvo una orientación que generó profundas objeciones. La autonomía bajo soberanía marroquí aparecía como el marco privilegiado de negociación, mientras otras opciones vinculadas al ejercicio de la autodeterminación quedaban considerablemente desplazadas.
La cuestión es fundamental: no puede hablarse de una negociación genuina cuando se pretende establecer anticipadamente el marco y el resultado predeterminado que una de las partes debe aceptar. La autodeterminación no puede reducirse a la aceptación de una fórmula diseñada por Marruecos y respaldada por sus aliados.
Rusia justificó su veto alegando que el proyecto se apartaba del marco histórico de Naciones Unidas y vinculaba el ejercicio de la autodeterminación a una solución unilateral. China, que se abstuvo, sostuvo que el texto no equilibraba las preocupaciones de los miembros del Consejo, presionaba a una de las partes en conflicto para aceptar un resultado predeterminado y había sido sometido a votación sin tiempo suficiente para consultas sustantivas. Pekín reiteró que el mandato de la MINURSO no debía utilizarse como instrumento de presión política y que el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación debía quedar garantizado.
También resultan significativas las explicaciones de voto de Dinamarca y Letonia. Ambas delegaciones aclararon expresamente que su voto favorable al proyecto estadounidense no constituía un reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Estas precisiones confirman que el respaldo al proyecto no puede presentarse como un reconocimiento colectivo de la soberanía marroquí.
Pero hay otro hecho que merece atención: cuando Rusia presentó una alternativa para renovar técnicamente el mandato de la MINURSO sin introducir modificaciones sustanciales, Estados Unidos votó en contra y la propuesta tampoco consiguió los apoyos necesarios. La misión quedó así sin renovación. La secuencia de ambas votaciones revela que el desacuerdo internacional no se limitaba a la continuidad de la presencia de Naciones Unidas, sino que afectaba directamente a la orientación política que debía adoptar.
El peligro de la iniciativa estadounidense iba mucho más allá del Sáhara Occidental. Si el Consejo de Seguridad hubiera aprobado una resolución que colocara la propuesta de la potencia ocupante como única base para resolver el conflicto, habría abierto un precedente político y jurídico de enorme gravedad: permitir que la fuerza militar y la ocupación prolongada terminaran condicionando el derecho de un pueblo a decidir su propio destino, como el caso del pueblo palestino.
Aceptar semejante lógica habría significado debilitar uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo: que ningún Estado puede adquirir legítimamente un territorio mediante la fuerza ni imponer a otro pueblo su futuro político.
El precedente habría sido especialmente peligroso para los pueblos que todavía luchan por completar sus procesos de descolonización. Habría transmitido el mensaje de que la ocupación, acompañada de suficiente respaldo de las grandes potencias, puede terminar sustituyendo el derecho a la autodeterminación. Una regresión de esa naturaleza nos acercaría peligrosamente a la lógica del derecho de conquista, propia de épocas medievales en las que la fuerza militar pretendía constituir el fundamento de la soberanía territorial.
Por eso, el veto ruso tuvo una dimensión que trascendió los intereses de Moscú y las diferencias geopolíticas entre las potencias. Al impedir la aprobación de aquel proyecto, evitó que el Consejo de Seguridad comprometiera el multilateralismo y todavía más la credibilidad de Naciones Unidas y que el derecho internacional quedara subordinado a la voluntad de quienes pretenden imponer la ocupación como hecho consumado.
La MINURSO se retira, pero el derecho saharaui permanece
El 1 de noviembre, el portavoz del secretario general de la ONU, el Sr. Stéphane Dujarric, anunció oficialmente el cese de las operaciones de la MINURSO y el comienzo de su período de liquidación. Un equipo reducido, bajo la responsabilidad del Departamento de Apoyo Operacional de Naciones Unidas, supervisará la retirada ordenada de los activos y equipos de la misión.
El comunicado del secretario general, el Sr. António Guterres, reconoce el papel desempeñado por la MINURSO desde su establecimiento en 1991, rinde homenaje a sus integrantes y recuerda a los veinte miembros que perdieron la vida durante los 35 años de despliegue.
Sin embargo, el párrafo de mayor trascendencia política y jurídica es aquel en el que Naciones Unidas recuerda que la misión fue creada para proteger y servir al pueblo del Sáhara Occidental, particularmente para permitirle ejercer su derecho inalienable a la autodeterminación.
Guterres subraya expresamente que la salida de la MINURSO no deroga esos derechos inalienables. Además, manifiesta su preocupación por la situación de seguridad y el riesgo de escalada de las hostilidades, solicita máxima contención a todas las partes y reafirma el compromiso de Naciones Unidas con una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que contemple la autodeterminación del pueblo saharaui, mediante los esfuerzos de su enviado personal, Staffan de Mistura.
Esta declaración merece ser destacada porque establece una distinción fundamental: la desaparición de una misión internacional no significa la desaparición del derecho que justificó su creación, como nos quiere hacer creer Marruecos.
El Consejo de Seguridad puede poner fin a un mandato operativo, pero no puede, mediante la no renovación de una misión de paz, extinguir el derecho de un pueblo a decidir libremente su futuro.
El Frente POLISARIO reafirma la autodeterminación e independencia como derechos irrenunciables
Ese mismo 1 de noviembre, el representante del Frente POLISARIO ante Naciones Unidas, difundió un comunicado en el que fijó la posición oficial saharaui ante el cese de operaciones de la MINURSO.
El Frente POLISARIO recordó que la misión fue creada para aplicar el Plan de Arreglo elaborado por Naciones Unidas y la Organización para la Unidad Africana, y para establecer las condiciones necesarias que permitieran al pueblo saharaui ejercer su derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia mediante un referéndum libre e imparcial.
El comunicado responsabiliza a Marruecos y a sus aliados de haber obstaculizado y debilitado progresivamente el mandato de la misión desde su creación. Recuerda especialmente el episodio de 2016, cuando las autoridades marroquíes expulsaron al componente civil de la MINURSO, que incluía personal y observadores de la Unión Africana.
El Frente POLISARIO considera que Marruecos y quienes han respaldado esa política deben asumir la responsabilidad por el debilitamiento de la misión y por las consecuencias que pueda ocasionar el cese de sus operaciones.
Pero su mensaje más importante es inequívoco: el pueblo saharaui continúa firmemente comprometido con su derecho inalienable, irrenunciable e imprescriptible a la autodeterminación y la independencia, así como con el derecho a defender sus derechos por todos los medios legítimos reconocidos en las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas.
Al mismo tiempo, reafirma su disposición a cooperar con los esfuerzos del secretario general y del Consejo de Seguridad para alcanzar una solución justa, duradera y definitiva que permita completar la descolonización del Sáhara Occidental.
El Frente POLISARIO no renuncia a la independencia, no acepta que la retirada de la MINURSO se convierta en una renuncia a la autodeterminación y tampoco abandona la búsqueda de una solución política bajo los auspicios de Naciones Unidas.
Guterres y Ban Ki-moon: dos episodios que interpelan a Naciones Unidas
El comunicado de Guterres recuerda inevitablemente otro episodio ocurrido hace diez años, cuando su antecesor, Ban Ki-moon, visitó los campamentos de refugiados saharauis y Bir Lehlu en los territorios liberados, en marzo de 2016.
Durante aquella visita, Ban Ki-moon utilizó el término «ocupación» para referirse a la presencia marroquí en el Sáhara Occidental. La reacción de Rabat fue desproporcionada: Marruecos exigió la retirada de 84 funcionarios internacionales del componente civil de la MINURSO, provocando una grave crisis entre el Reino alauí y Naciones Unidas.
Diez años después, Guterres, en la etapa final de su mandato, deja una declaración que vuelve a colocar en el centro de la cuestión saharaui el derecho inalienable a la autodeterminación.
No es necesario atribuir a ambos secretarios generales idénticas motivaciones para reconocer la importancia de estos dos episodios. Sin embargo, resulta legítimo plantear una pregunta incómoda: ¿por qué algunas de las declaraciones más explícitas y valientes sobre la cuestión saharaui se producen cuando los máximos responsables de Naciones Unidas se encuentran al final de sus mandatos?
La reflexión apunta a un problema institucional más amplio: la dificultad de preservar la independencia política de la Secretaría General frente a las presiones de las grandes potencias y los intereses de los Estados con mayor influencia en el Consejo de Seguridad.
El comunicado de Guterres tiene, en este sentido, un valor que trasciende el anuncio administrativo del cierre de una misión. Deja constancia de que el derecho del pueblo saharaui permanece vigente y que Naciones Unidas continúa comprometida con una solución que lo garantice.
El fin de la misión no cierra el expediente de descolonización
La retirada de la MINURSO tampoco modifica por sí misma el estatuto internacional del Sáhara Occidental.
El territorio figura desde 1963 en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas. Su proceso de descolonización se encuentra vinculado al marco de la Carta de la ONU, particularmente a su capítulo XI, y a la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, que consagra el derecho de los pueblos coloniales a la libre determinación.
La resolución 690 (1991) estableció la MINURSO en el marco del Plan de Arreglo aceptado por Marruecos y el Frente POLISARIO. Aquel compromiso contemplaba un período transitorio y la celebración de un referéndum para que el pueblo saharaui eligiera entre la independencia y la integración con Marruecos. El referéndum nunca llegó a celebrarse.
Por ello, la eventual desaparición de la misión no resuelve el problema que justificó su creación. Tampoco elimina las competencias de los órganos de Naciones Unidas responsables de la descolonización ni convierte automáticamente el territorio en parte de Marruecos.
La propia declaración del secretario general reafirma que el derecho a la autodeterminación continúa vigente. La cuestión seguirá, por tanto, sobre la mesa del próximo responsable de la Secretaría General, que heredará un conflicto sin resolver y una responsabilidad internacional que no puede darse por concluida.
La descolonización no puede terminar por decisión de las potencias
La crisis de la MINURSO constituye una prueba para la credibilidad del sistema internacional. Durante 35 años, Naciones Unidas mantuvo una misión cuyo objetivo fundamental estaba relacionado con la celebración de un referéndum de autodeterminación. Ese compromiso nunca se materializó. Ahora, la misión se retira, pero el pueblo saharaui continúa privado de la posibilidad de decidir libremente su futuro.
Marruecos puede interpretar de manera equivocada la no renovación como un éxito diplomático y presentar el cierre de la misión como un paso hacia la conclusión del expediente. De hecho, el comunicado del Gabinete Real del 30 de octubre calificó la decisión como un avance hacia el cierre definitivo de la cuestión en Naciones Unidas.
Sin embargo, esa interpretación política errónea no modifica por sí misma el estatuto jurídico del territorio ni extingue el derecho a la autodeterminación. La retirada de la MINURSO no equivale a un reconocimiento internacional de la soberanía marroquí.
El próximo secretario general deberá asumir una cuestión que sigue abierta. El Consejo de Seguridad tendrá que afrontar las consecuencias de una decisión que ha dejado al territorio sin la misión que durante décadas contribuyó a supervisar la situación sobre el terreno. Y los órganos de Naciones Unidas responsables de la descolonización deberán continuar desempeñando sus funciones.
El pueblo saharaui no pide que se le conceda un derecho: exige que se respete uno que ya le pertenece. Ninguna potencia, por poderosa que sea, puede sustituir su voluntad, imponerle un destino político o convertir una propuesta de autonomía en una obligación.
La MINURSO se retira, pero no se retira la historia de un pueblo que lleva décadas esperando ejercer su derecho a la libertad. Se cierra una misión, no un proceso de descolonización. Se retiran los cascos azules, pero permanece la responsabilidad de Naciones Unidas.
El Sáhara Occidental no se descoloniza por decreto de Washington, no se legitima la ocupación mediante resoluciones impuestas y no se puede arrebatar a un pueblo su derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia.
Ese derecho no pertenece a ninguna potencia. Solo y solo Pertenece al pueblo saharaui. Y mientras no pueda ejercerlo libremente, la descolonización del Sáhara Occidental seguirá siendo una deuda pendiente de Naciones Unidas y de toda la comunidad internacional.
Hafdala Chadad Brahim
Diplomático Saharaui
