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marzo 2021
Desastre sanitário e barbárie social
por Osvaldo Coggiola
¿Cómo llegamos al desastre, sin camas ni para los moribundos? El Brasil traspasó la marca de 300 mil muertos, arriba de las tres mil muertes podía, más de dos por minuto.
La Fiocruz adelantó la posibilidad de llegar hasta las cinco mil muertes diarias, y prepararnos para el medio millón a mediados de este año. El fantasma del millón de muertos totales, calificado de exagerado e impensable al inicio de la pandemia, aparece como una posibilidad real. Ninguna otra causa de muerte mata tanto: enfermedades cardiovasculares, que son las más mortales, tardan cuatro días juntos para alcanzar la suma actual de la pandemia. El estado de Río de Janeiro, que estaba con una ocupación de camas de UTI de un 79%, empeoró rápidamente y llegó al 85%. Por su parte, el Sudeste entero empeoró: Minas Gerais, Espíritu Santo y San Pablo sobrepasaron el 90%. Y, en el Centro Oeste y el Sur, las tasas de ocupación están todas arriba del 96%. La Anvisa avisó que la capacidad de la industria de producción de medicamentos usados en el proceso de intubación está en el límite.
La escasez tiene causas políticas: Bolsonaro recortó el presupuesto federal para el financiamiento al 72% de las camas de UTI para pacientes con Covid-19. En diciembre pasado, la Unión traspasó presupuesto para la mantención de 12.003 camas de UTI, hoy son financiadas 3.372. Los datos son del Consejo Nacional de Secretarios de la Salud (CONASS). La reducción se dio en medio del momento más grave de la pandemia, com casi todos los estados al borde del colapso en el sistema de salud. El corte de financiamiento de camas de UTI fue total em Goiás, Maranhão, Acre y Rondônia. En San Pablo, que tiene el mayor número de camas UTI del país, la reducción fue del 81%, semejante a lo ocurrido en Minas Gerais, Espíritu Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Amazonas, Ceará, Paraíba y Sergipe. La reducción en el financiamiento golpeó fuerte con el colapso generalizado en la salud de todo Brasil.
Sin parpadear, Jair Bolsonaro hizo un pronunciamiento en cadena nacional en radio y TV: “Somos incansables en la lucha contra el coronavirus”, dijo. El brevísimo discurso tenía cuñas como “Siempre dije que adoptaríamos cualquier vacuna”, “las vacunas están garantizadas”, “para fin de año, habremos llegado a más de 500 millones de dosis para vacunar a toda la población” y “en poco tiempo, el gobierno no tomó medidas importantes tanto para combatir el coronavirus como para combatir el caos en la economía ”. Por primera vez, se solidarizó con las familias que cuentan con muertos. Sin sonrojarse.
El cambio de guardia en el Ministerio de Salud no acabó con el negacionismo. El cardiólogo Marcelo Queiroga, cuarto ministro de salud de Brasil en la pandemia, dijo inicialmente que no estaba a favor del uso de cloroquina para el tratamiento de Covid-19. Tras conversar con Bolsonaro, cambió: “Hay ciertos medicamentos que se utilizan, cuya evidencia científica no está probada, pero aún así, los médicos tienen la autonomía para prescribir”, dijo, defendiendo la búsqueda de “un punto común” con el negadores. Respecto a los encierros, Queiroga dijo que no pueden ser “política de gobierno” ya que hay “otros aspectos de la economía a considerar”. Queiroga, recordemos, hizo campaña por Bolsonaro en 2018. Su toma de posesión fue casi clandestina. La ceremonia se llevó a cabo en el despacho de la Presidencia, fuera de la agenda oficial, sin prensa, ni invitados.
El defensor Eduardo Pazuello atribuyó a Centrão su caída y, en su discurso de despedida, lanzó un claro mensaje corporativo-militar contra los “políticos” en general, con un potencial golpista. Los agentes parlamentarios de Bolsonaro también sufrieron. El alcalde, Arthur Lira, fue desprestigiado públicamente tras ofrecer su apoyo a la nominación, para la cartera de Salud, de Ludhmila Hajjar, desatendida por Bolsonaro. Lira y Pacheco también hablaron sobre posibles investigaciones gubernamentales en el Congreso, pero se quedaron en eso. Pacheco, que tiene la posibilidad de aceptar una solicitud del IPC firmada por decenas de senadores, descartó rotundamente esta hipótesis: “La solución no vendrá de un IPC”, dijo. “CPI, si es necesario instalarlo, se instalará para determinar hechos pasados” (lea prescrito).
¿Negativismo? Los números de la pandemia son apocalípticos y el desastre social, el hambre, también tienen sus números. En 12 meses, desde el inicio de la pandemia, el precio de los alimentos ha subido en promedio un 15%, casi tres veces la inflación del período. Según el IBGE, los precios que más aumentaron fueron los de cereales, legumbres y oleaginosas (57,8%). La canasta básica en São Paulo cuesta alrededor de R $ 639,00. Dieese estima el salario mínimo necesario para los gastos básicos de una familia de cuatro en R $ 5.375. El 1 de enero de 2021, este salario pasó de R $ 1.045 a R $ 1.100, apenas el 20% del mínimo necesario para la supervivencia de una unidad familiar. En este marco social, las empresas “ofrecieron” recursos para las camas Covid-19, con la condición de que se les devolviera este dinero como devolución del impuesto sobre la renta: más presión para las exenciones fiscales y aprovechar para hacer marketing.
El llamado “PEC de emergencia” (PEC 186/2019), aprobado por el Senado, permite al gobierno federal pagar ayudas de emergencia en 2021 fuera del techo de gasto del Presupuesto General y del límite de endeudamiento del gobierno federal. Aún se definirá el importe, la duración y el alcance de la nueva ayuda. En la práctica, el texto aprobado colocará definitivamente el ajuste fiscal dentro de la Constitución y profundizará brutalmente las consecuencias ya existentes de la Enmienda Constitucional 95, la del Tope de Gastos.
PEC 186 permite que las ayudas de emergencia se financien con créditos extraordinarios, que no están limitados por el límite de gasto. Los gastos del programa no se contabilizarán para la meta de resultado fiscal primario y tampoco se verán afectados por la llamada regla de oro, un mecanismo que prohíbe al gobierno contraer deudas para pagar los gastos corrientes, que son el costo del sector público. El programa se limitará a un costo total de R $ 44 mil millones. Cantidad ingresada en el texto en el último minuto para evitar que el valor sea resaltado y votado. Como señala María Lucía Fattorelli, de Auditoría de Deuda Ciudadana, “¡tenemos casi R $ 5 billones en el cajón! R $ 1,289 billones en la cuenta única del Tesoro Nacional, R $ 1,836 billones en reservas internacionales, R $ 1,393 billones en efectivo sobrante de bancos parados en el Banco Central que devengan intereses sólo a los bancos, a expensas del pueblo”.
Con el límite, el gobierno solo quiere una excusa para no pagar una ayuda de R $ 600. La primera versión de la ayuda superó el costo total de R $ 300 mil millones, habiendo alcanzado alrededor de 68 millones de personas, en dos rondas: la primera, que duró cinco meses, fueron cuotas de R $ 600 por persona; en el segundo, denominado “ayuda residual”, se trató de cuotas de R $ 300 en cuatro meses, y con un público objetivo menor. El nuevo monto representa menos que la ayuda residual, que costó alrededor de R $ 64 mil millones.
El borrador final del PEC fue fruto del relator Marcio Bittar (MDB), lo que no impide que la “izquierda” (Lula) presente a este partido como un potencial integrante de un futuro “frente electoral progresista”. La PEC impone “moderación fiscal”, para “compensar el aumento de gastos”. Lo principal son los dispositivos que se activan cuando el gasto público alcanza un cierto nivel. Estos “detonantes” se vuelven permanentes y válidos para todas las situaciones de calamidad pública decretadas oficialmente, y no restringidas a la pandemia de Covid-19.
Los disparadores previstos en el texto llegan a los empleados de los estados y municipios. Luego de presiones desde el “soporte bala”, la Cámara eliminó del texto de la PEC de Emergencia la prohibición de ascensos a la función pública del país en un período de calamidad, que podría afectar a los militares. Se mantuvieron los demás detonantes de contención del gasto, como las prohibiciones de reajustes a los funcionarios y, también, de concursos: con la medida, el servicio público afrontará 15 años de congelación salarial. La lucha contra el gobierno de Bolsonaro es una cuestión de supervivencia. Los viajes aislados de lucha, con convocatoria parcial y sin continuidad, atestiguan la voluntad de lucha de vastos sectores, así como el potasio que acompañó el discurso de Bolsonaro, pero no abren camino a la victoria. Las orientaciones políticas de las grandes organizaciones obreras, la mayoría de los representantes intelectuales de la izquierda y del “progresismo”, conciben estas medidas como estepas de acumulación política de cara a elecciones (con “Lula allá”) que se celebra en más de un año, un año y medio, con un traspaso de poder en un año y nueve meses. Sin que la candidatura de Lula estuviera siquiera garantizada. Para salir del impasse, es necesario un plan de lucha conjunto, de todas las categorías y sectores, decidido en delegados, congresos sectoriales y generales.
Texto original:
Como chegamos ao desastre, sem leitos nem para os moribundos? O Brasil ultrapassou a marca de 300 mil mortos, acima de três mil mortes por dia, ou mais de dois por minuto. A Fiocruz aventou a possiblidade de chegarmos até cinco mil mortes diárias, e atingirmos o meio milhão em meados deste ano. O fantasma do milhão de mortos totais, qualificado de exagero impensável no início da pandemia, aparece como uma possibilidade real. Nenhuma outra causa de morte mata tanto: doenças cardiovasculares, que são as mais mortais, levam juntas quatro dias para atingir a soma atual. O Rio de Janeiro, que estava com 79% de leitos de UTI ocupados, piorou rapidamente e chegou a 85% – a fila quadruplicou. O Sudeste inteiro piorou: Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo ultrapassaram os 90%. E, no Centro-Oeste e no Sul, as taxas estão todas acima de 96%. A Anvisa avisou que a capacidade da indústria para a produção de medicamentos usados no processo de intubação está no limite.
A escassez tem causas políticas: Bolsonaro cortou a verba federal para o financiamento de 72% dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19. Em dezembro passado, a União repassava verba para a manutenção de 12.003 leitos de UTI, hoje são financiados 3.372. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass). A redução se deu em meio ao momento mais grave da pandemia, com quase todos os estados à beira do colapso no sistema de saúde. O corte do financiamento de leitos de UTI foi total em Goiás, Maranhão, Acre e Rondônia. Em São Paulo, que tem o maior número de leitos de UTI do país, a redução foi de 81%, semelhante ao ocorrido em Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Amazonas, Ceará, Paraíba e Sergipe. A redução no financiamento bateu com o colapso generalizado na saúde em todo o Brasil.
Sem pestanejar, Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV: “Somos incansáveis na luta contra o coronavírus”, disse. A curtíssima fala teve pérolas como “sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina”, “as vacinas estão garantidas”, “ao final do ano, teremos alcançado mais de 500 milhões de doses para vacinar toda a população” e “em nenhum momento, o governo deixou de tomar medidas importantes tanto para combater o coronavírus como para combater o caos na economia”. Pela primeira vez, se solidarizou com as famílias que contabilizam mortos. Sem corar.
O “comitê de coordenação das ações de combate à pandemia” nasceu cercado de crise: o próprio presidente não concordava com a proposta, feita pelo presidente da Câmara. Refeita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a ideia foi finalmente aceita, com o presidente delegando a Pacheco a interlocução com governadores. A terceirização não foi bem recebida. O Planalto só chamou sete governadores, seis deles alinhados ao bolsonarismo
A doença mortal tem classe e raça. Quem se infecta mais e morre mais por Covid-19 são as pessoas negras, que estão ficando para trás nas filas da vacinação. Uma parte da população negra que poderia estar enquadrada nos grupos prioritários, por estar na linha de frente contra a pandemia, não recebeu a vacina: em algumas regiões, trabalhadores da limpeza e segurança dos hospitais não entraram na primeira etapa. Até estudante de Medicina que não estava na linha de frente acabou passando na frente dos trabalhadores da limpeza.
A troca de guarda no Ministério da Saúde não acabou com o negacionismo. O cardiologista Marcelo Queiroga, quarto ministro da saúde do Brasil na pandemia, disse inicialmente que não era favorável ao uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19. Depois de conversa com Bolsonaro, mudou: “Existem determinadas medicações que são usadas, cuja evidência científica não está comprovada, mas, mesmo assim, médicos têm autonomia para prescrever”, disse, defendendo a busca de “um ponto comum” com os negacionistas. Sobre lockdowns, Queiroga disse que não podem ser “política de governo” já que há “outros aspectos da economia para serem olhados”. Queiroga, lembremos, fez campanha para Bolsonaro em 2018. Sua posse aconteceu de forma quase clandestina. A cerimônia foi realizada no gabinete da Presidência, fora da agenda oficial, sem imprensa, nem sequer convidados.
O defenestrado Eduardo Pazuello creditou ao Centrão sua queda e, no seu discurso de despedida, arremeteu contra “os políticos” em geral, uma clara mensagem corporativo-militar, com potencialidade golpista. Os agentes parlamentares de Bolsonaro também sofreram. O presidente da Câmara, Arthur Lira, foi desprestigiado publicamente depois de oferecer seu apoio à indicação, para a pasta de Saúde, de Ludhmila Hajjar, preterida por Bolsonaro. Lira e Pacheco falaram também sobre possíveis investigações sobre o governo no Congresso, mas ficaram nisso. Pacheco, que tem nas mãos a possibilidade de aceitar um pedido de CPI assinado por dezenas de senadores, descartou terminantemente essa hipótese: “A solução não virá de uma CPI”, disse. “A CPI, se precisar ser instalada, será instalada para apurar fatos pretéritos” (leia-se prescritos).
O presidente do Senado ainda criticou a postura de se “achar que nada funciona e que nada anda” e sugeriu deixar todo esse “negativismo” de lado. Assim, no que depender do Congresso Nacional, Bolsonaro fica até o fim de seu mandato. Não é contrário a isso o STF, onde houve a votação da segunda turma a favor da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro – deixando Lula mais perto de participar da disputa eleitoral de 2022. A sombra do ex-presidente pesa sobre a “popularidade” de Bolsonaro, mas a política do PT e esperar até o final de 2022, quem sabe com quantos mortos (com certeza, a grande maioria potenciais eleitores de Lula).
Negativismo? Os números da pandemia são apocalípticos, e o desastre social, a fome, também tem números. Em 12 meses, desde o início da pandemia, o preço údos alimentos subiu em média 15%, quase o triplo da inflação no período. Segundo o IBGE, os preços que mais subiram foram os de cereais, leguminosas e oleaginosas (57,8%). A cesta básica em São Paulo custa em torno de R$ 639,00. O Dieese estima em R$ 5.375 o salário mínimo necessário para as despesas básicas de uma família de quatro pessoas. Em 1º de janeiro de 2021, esse salário subiu de R$ 1.045 para R$ 1.100, apenas 20% do mínimo necessário para a sobrevivência de um núcleo familiar. Nesse quadro social, as empresas “ofereceram” recursos para leitos da Covid-19, sob a condição de receber esse dinheiro de volta como abatimento no Imposto de Renda: mais pressão por renúncia fiscal e aproveitar a chance para fazer marketing.
A chamada “PEC Emergencial” (PEC 186/2019), aprovada pelo Senado, permite ao governo federal pagar o auxílio emergencial em 2021 por fora do teto de gastos do Orçamento Geral e do limite de endividamento do governo federal. O valor, a duração e a abrangência do novo auxílio ainda serão definidas. Na prática, o texto aprovado colocará o ajuste fiscal definitivamente dentro Constituição e aprofundará brutalmente as consequências já existentes da Emenda Constitucional 95, a do Teto de Gastos.
A PEC 186 permite que o auxílio emergencial seja financiado com créditos extraordinários, que não são limitados pelo teto de gastos. As despesas com o programa não serão contabilizadas para a meta de resultado fiscal primário e também não serão afetadas pela chamada regra de ouro — mecanismo que proíbe o governo de fazer dívidas para pagar despesas correntes, de custeio da máquina pública. O programa ficará limitado a um custo total de R$ 44 bilhões. Quantia que entrou no texto de última hora para impedir que o valor fosse destacado e votado. Como aponta Maria Lucia Fattorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, “temos quase R$ 5 trilhões na gaveta! R$ 1,289 trilhão na conta única do Tesouro Nacional, R$ 1,836 trilhão em reservas internacionais, R$ 1,393 trilhão de sobra de caixa dos bancos parados no Banco Central rendendo juros somente aos bancos, às custas do povo”.
Com o limite, o governo quer apenas uma desculpa para não pagar um auxílio de R$ 600. A primeira versão do auxílio ultrapassou os R$ 300 bilhões de custo total, tendo chegado a cerca de 68 milhões de pessoas, em duas rodadas: na primeira, que durou cinco meses, foram parcelas de R$ 600 por pessoa; na segunda, chamada de “auxílio residual”, foram parcelas de R$ 300 durante quatro meses, e com um público-alvo menor. O novo montante representa menos do que o auxílio residual, que custou cerca de R$ 64 bilhões.
A redação final da PEC foi resultado do relator Marcio Bittar (MDB), o que não impede à “esquerda” (lulista) apresentar este partido como membro potencial de uma futura “frente eleitoral progressista”. A PEC impõe “contenção fiscal”, para “compensar o aumento de despesas”. A principal delas são dispositivos a serem acionados quando os gastos do poder público atingirem um determinado patamar. Esses “gatilhos” passam a ser permanentes e válidos para todas as situações de estado de calamidade pública decretadas oficialmente, e não restritos à pandemia de Covid-19.
Gatilhos previstos no texto alcançam funcionários dos estados e municípios. Após pressão da “bancada da bala”, a Câmara retirou do texto da PEC Emergencial a proibição de promoções ao funcionalismo do país em período de calamidade, o que poderia atingir os militares. Os demais gatilhos de contenção de gastos foram mantidos, como as vedações a reajustes para servidores e, também, de concursos: com a medida, o serviço público enfrentará 15 anos de congelamento salarial. A luta contra o governo Bolsonaro é uma questão de sobrevivência. As jornadas de luta isoladas, com convocatória parcial e sem continuidade, testemunham a vontade de luta de vastos setores, assim como o panelaço que acompanhou o discurso de Bolsonaro, mas não abrem uma via para a vitória. As direções políticas das grandes organizações dos trabalhadores, a maioria dos representantes intelectuais da esquerda e do “progressismo”, concebem essas medidas como e estepes de uma acumulação política com vistas a eleições (com “Lula lá”) a serem celebradas daqui a mais de um ano e meio, com transferência de poder em um ano e nove meses. Sem sequer estar garantida a candidatura de Lula. Para quebrar o impasse, é necessário um plano de lutas conjunto, de todas as categorias e setores, decidido em congressos de delegados, setoriais e geral.
