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Octubre 2020
Ciudadanía vs. estado
Novedoso escenario en la historia de los conflictos en Colombia
En la independencia tuvimos a centralistas y federalistas, los dos grandes bandos en que se dividieron los independistas de la patria boba en su lucha contra el realismo que defendía la colonia española.
Una vez lograda la independencia, santanderistas y bolivarianos se enfrentaban en el origen de la naciente República.
Durante la segunda mitad del siglo XIX, y casi todo el XX, los dos grandes partidos políticos de Colombia que marcaron buena parte de su historia fueron el liberal y el conservador, que se enfrentaron en cruentas guerras civiles incluida la de la llamada época de la violencia de la década de 1950, con dictadura militar incluida, la única durante más de cien años en el país que se jacta de ser el más democrático en el siglo veinte en la región, pero es a su vez uno de los más violentos y represivos.
En la década de 1960 surgen guerrillas de inspiración de izquierda en oposición a un estado representado en su ejército. Posteriormente, en los años ochenta y con carteles del narcotráfico en el panorama nacional, surgen los llamados grupos paramilitares de derecha que combaten a estas guerrillas.
En 1990, las guerrillas del M – 19 y el EPL firman un acuerdo de paz con el gobierno liberal de César Gaviria producto del cual se redacta la constitución vigente hasta el día de hoy, en la cual, entre otras cosas, se consolida por primera vez un verdadero estado laico, ese que soñaron liberales radicales un siglo atrás, y por el cual se enfrentaron a conservadores en distintos gobiernos.
En 2016, la guerrilla más grande y de mayor actividad durante 50 años firma un acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos y se plantea un nuevo escenario. Y dentro de este contexto, se plantea otro muy particular, con un gobierno abierta y claramente opuesto a dicha paz, pero obligado a implementarlo por la ley, aunque a regañadientes. Durante la pandemia del Covid 19 se regresa a un escenario de masacres, mal llamadas homicidios colectivos, en una realidad que se creía superada.
El pasado 9 de septiembre se produce el asesinato de un profesional bogotano a manos de policías activos y dentro de un operativo irregular. Este es filmado por uno de los amigos del inmolado y dicha grabación se vuelve viral en la red. Los días siguientes se desatan diversas protestas, unas pacíficas, otras con ataques a los centros de atención inmediata, CAI, de la misma policía, donde se producen al menos 10 muertes más, víctimas de la violencia policial.
En la crisis que se plantea se ven posiciones oficiales disímiles. Por un lado, el gobierno central y las autoridades policiales salen a tratar de “lavarle la cara” a una institución desprestigiada por su propio actuar; por otro, está el rechazo de líderes opositores y de algunos mandatarios locales como la alcaldesa de Bogotá que condena o como el alcalde de Cartagena que se enfrenta abiertamente a agentes en una manifestación. Este enfrentamiento de poderes regionales y central me hace recordar viejos pasajes de las distintas épocas de nuestra historia, como las guerras civiles de la segunda mitad del siglo XIX, cuando gobernadores de distintas provincias se convertían en generales o jefes militares de un bando en contra de otro representado por el gobierno central, por supuesto, guardadas las proporciones con las reacciones oficiales de hoy.
Ya en el s. XX tenemos el recuerdo del golpe de estado del general Rojas contra el presidente Laureano Gómez, representantes de dos facciones distintas de un mismo partido, el partido conservador. La violencia liberal- conservadora de los años 50 ya mencionada, la de las guerrillas de izquierda, la de los paramilitares de derecha, en fin, para qué repetir.
Habría que decir que la violencia estatal entonces no es de ahora, sino que lleva varios años. También habría que decir que ha tenido muchos signos: represión de movimientos sociales, combate a partidos opositores o control de otros fenómenos sociales como barras futboleras o conciertos de rock. Pero también que es conocido por los ciudadanos colombianos que los integrantes de su policía se muestran en ocasiones tolerantes y conciliadores, pero en otras arrogantes y autoritarios, y que el abuso policial es algo normalizado en la cultura y en el imaginario colectivo. A veces una simple pedida de documentos, o un comparendo por una infracción de tránsito, puede terminar mal si no se obedece correctamente y entonces la autoridad policial puede recurrir a figuras como el “irrespeto a la autoridad” para iniciar un procedimiento no siempre muy ortodoxo ni fiel siquiera a los reglamentos de la misma policía.
Entonces, en este agite actual, me surge la pregunta: ¿cuál es la crisis que estamos viviendo? Y ¿cuáles son los actores en conflicto o los bandos enfrentados? O mejor, ¿existen bandos enfrentados?
Desde que se considera obsoleta aquella visión de la historia según la cual todo conflicto político o religioso encubre un fondo social y económico, muchos, ingenuamente, hemos pretendido ver en el estado un verdadero garante y protector de los derechos de la ciudadanía. Y sabemos que muchos de quienes eligen la carrera militar o de policía se unen a ella con ese ideal, y, en ocasiones, cumplen su función con ese espíritu. Pero también sabemos que, en la formación que reciben los agentes armados en nuestro país, se les hace una especie de lavado cerebral para considerar un peligro al ciudadano de a pie. Violentar al policía aprendiz para que este se vuelva violento frente al ciudadano, es la manera más perversa de ejercer el clásico “divide y reinarás”. En esto hay una intención política que, si se me es válido decir, más que política es social, es una intención clasista.
Entonces, esta vez, no podemos hablar de centralistas y federalistas, de santanderistas y bolivarianos, tampoco de liberales y conservadores; ni de guerrilla y ejército o paramilitares; e igualmente ni de izquierda ni de derecha. Es decir, por más que se quiere culpar a políticos opositores de incitar al vandalismo o de vincular a los manifestantes con el eln o las disidencias de las farc; o de decir que la policía representa al partido de gobierno, la verdad es que no hay colores ni bandos políticos en combate.
En medio de lo doloroso de las muertes y de la sangre corrida, lo nuevo es que vemos el conflicto social desnudo: y entonces la respuesta al interrogante planteado arriba es que no hay bandos enfrentados de colores políticos: es la ciudadanía misma que reacciona, comunicada entre sí por las redes sociales y cansada de un maltrato estatal de años; enfrentada simplemente al poder del Estado, cruel y desnudo, ejercido brutalmente a través de su policía. Una policía orientada más a reprimir que a combatir efectivamente la criminalidad por un lado; por el otro una ciudadanía que reacciona y que no ve tan poco en esta la institución amiga que la defiende como debería ser.
Es la nueva lección que se podría aprender, quizás yendo más allá: pues el descontento social de fondo no es con los integrantes del cuerpo armado ni contra las casetas de los CAI; sino contra el poder estatal que ellos representan.
- © Andrés Monsalve Aguilar – Facatativá, 17 de septiembre de 2020